1. Contexto e identificación de la problemática

1.1. Del mantenimiento de zonas verdes a la mejora de la biodiversidad

Los espacios verdes públicos y privados desempeñan funciones que trascienden su valor ornamental. Además de proporcionar lugares de uso y disfrute, pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad ambiental de los entornos urbanos y periurbanos.

En este contexto, los servicios de jardinería y mantenimiento de zonas verdes adquieren una relevancia que va más allá de su conservación estética y funcional. Las decisiones sobre selección de especies vegetales, siega, poda, gestión del suelo, riego y control fitosanitario pueden influir en las condiciones ecológicas de estos espacios.

En Cataluña, esta evolución se refleja en iniciativas como la Guia d’ambientalització del jardí resilient mediterrani (Fraga et al. 2025), orientada a incorporar criterios de sostenibilidad y adaptación climática en jardines públicos y privados. Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona promueve prácticas de gestión ecológica y naturalización destinadas a favorecer la diversidad vegetal y animal.

Estas experiencias muestran que incorporar criterios ambientales al mantenimiento de zonas verdes no constituye una propuesta completamente nueva. No obstante, plantean una cuestión relevante: cómo avanzar desde la aplicación de buenas prácticas ambientales hacia modelos de servicio que establezcan objetivos específicos de biodiversidad y permitan evaluar sus resultados.

El presente trabajo aborda esta problemática desde la perspectiva de los servicios profesionales de mantenimiento de zonas verdes públicas y privadas en Cataluña, prestando especial atención al entorno de Barcelona. A partir de su análisis, se explorará la posibilidad de desarrollar, mediante intraemprendimiento en una empresa existente, una nueva línea de servicios que incorpore objetivos específicos de biodiversidad y permita evaluar sus resultados. Esta línea podría incluir tanto la adaptación de las prácticas de mantenimiento como la mejora y renaturalización de espacios existentes y, cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permitan, la creación de nuevas superficies vegetadas. Asimismo, se plantea integrar mecanismos de participación y generación de valor social inspirados en los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS).

El propósito de esta primera fase no es dar por demostrada la viabilidad empresarial de la iniciativa, sino analizar la problemática, examinar las respuestas existentes e identificar oportunidades que puedan fundamentar un futuro Plan de Empresa Sostenible.

1.1.1. Delimitación sectorial según la clasificación GICS

Para contextualizar el sector económico se utiliza el estándar Global Industry Classification Standard (GICS), desarrollado por MSCI y S&P Dow Jones Indices.

Para delimitar el sector de incidencia se adopta como aproximación la subindustria Environmental & Facilities Services (20201050), dentro de Commercial Services & Supplies (202010), Commercial & Professional Services (2020) e Industrials (20). Esta categoría comprende servicios ambientales y de mantenimiento de instalaciones (MSCI, 2026).

Esta correspondencia se emplea para delimitar la actividad investigada, puesto que GICS clasifica empresas según su actividad principal y no líneas de negocio individuales. Por ello, no implica una clasificación oficial de la empresa multiservicios en la que podría desarrollarse la iniciativa.

1.2. Justificación y dimensión de la problemática socioambiental

1.2.1. La pérdida de biodiversidad como desafío global y territorial

La pérdida de biodiversidad constituye uno de los principales desafíos ambientales actuales, debido a sus consecuencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas, su capacidad de adaptación y los servicios que proporcionan a la sociedad. Se trata de una problemática de alcance global que también se manifiesta en el contexto europeo y catalán, aunque con características y tendencias diferentes según los territorios y los grupos de organismos estudiados.

En el ámbito europeo, el informe The State of Nature in the EU (Comisión Europea, 2020) señala que el 81% de las evaluaciones de tipos de hábitats realizadas en el marco de la Directiva Hábitats presentaban un estado de conservación desfavorable, de las cuales el 45% correspondían a un estado deficiente y el 36% a un estado malo. Estos resultados evidencian las dificultades existentes para mantener y recuperar los ecosistemas naturales europeos y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las actuaciones de conservación y restauración ecológica.

En Cataluña, la actualización del Índice de Planeta Vivo (LPI-Cat 2024), publicada por el Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (2025), muestra una disminución del 28% en la abundancia media de las poblaciones de fauna silvestre monitorizadas entre 2002 y 2023. El indicador integra datos de seguimiento de 353 especies autóctonas y permite identificar diferencias según los ambientes: las poblaciones de especies asociadas a espacios agrícolas y prados, así como a aguas continentales, presentan una reducción media del 40%, mientras que en bosques y matorrales la disminución se sitúa en el 15%. Por grupos biológicos, los invertebrados incluidos en el índice, principalmente mariposas diurnas, registran una reducción del 53%.

Los indicadores presentados permiten contextualizar la pérdida de biodiversidad desde dos perspectivas complementarias: el estado de conservación de los hábitats en la Unión Europea y la evolución de las poblaciones de fauna silvestre en Cataluña. Aunque responden a metodologías y ámbitos de evaluación diferentes, ambos ponen de manifiesto la persistencia de problemas de conservación que requieren respuestas adaptadas a las características de cada territorio. La Figura 1 sintetiza estos resultados, sin establecer comparaciones directas entre indicadores que utilizan diferentes unidades de análisis y periodos de referencia.

 

En este contexto, los resultados refuerzan la pertinencia de explorar oportunidades de mejora ecológica en aquellos espacios sobre los que existe capacidad de intervención, entre ellos las zonas verdes urbanas y periurbanas. Si bien los datos no permiten atribuir el declive observado a las prácticas de jardinería ni estimar directamente el efecto de modificarlas, sí contribuyen a fundamentar la hipótesis de que una gestión orientada a la calidad de los hábitats, la disponibilidad de recursos para la fauna y la conectividad ecológica podría aportar beneficios a escala local. Esta hipótesis justifica investigar cómo los servicios profesionales de mantenimiento pueden incorporar objetivos específicos de biodiversidad y mecanismos para evaluar sus resultados.

1.2.2. El potencial ecológico de los espacios verdes

Los espacios verdes urbanos y periurbanos pueden contribuir a la biodiversidad al proporcionar alimento, refugio y condiciones adecuadas para diferentes especies. Su valor ecológico depende, entre otros factores, de la composición y estructura vegetal, la disponibilidad de recursos florales, la superficie y la conectividad con otros hábitats.

Desde esta perspectiva, parques, jardines, zonas verdes empresariales y otros espacios ajardinados pueden formar parte de una infraestructura verde más amplia.

Sin embargo, la presencia de vegetación no garantiza por sí sola una elevada biodiversidad. Espacios de superficie similar pueden presentar características ecológicas diferentes según su diseño, ubicación y mantenimiento.

El reto no consiste únicamente en aumentar la superficie verde, sino también en mejorar su calidad ecológica, considerando las funciones de uso, accesibilidad y seguridad que cada espacio debe cumplir. En este sentido, tanto la mejora de espacios verdes existentes como la creación de nuevas superficies vegetadas, mediante actuaciones como la plantación de arbolado o la recuperación de áreas urbanas degradadas, pueden ofrecer oportunidades para favorecer la biodiversidad y reforzar la infraestructura verde. No obstante, su contribución dependerá de las características del emplazamiento, la selección de especies, las condiciones de mantenimiento y los resultados ecológicos alcanzados.

1.2.3. La dimensión social: bienestar, equidad y participación

La relevancia de los espacios verdes también presenta una dimensión social. La Organización Mundial de la Salud (2016) identifica diferentes mecanismos mediante los cuales pueden favorecer la salud y el bienestar, como la promoción de la actividad física, la reducción del estrés, la interacción social y la disminución de la exposición a determinados factores ambientales.

Sin embargo, estos beneficios no se distribuyen necesariamente de forma equitativa. La Agencia Europea de Medio Ambiente (2022) advierte de desigualdades socioeconómicas y territoriales en el acceso a espacios verdes urbanos, tanto en disponibilidad como en calidad.

En el ámbito público, estas cuestiones adquieren especial relevancia por su relación con el bienestar colectivo. En los espacios privados, los beneficios pueden alcanzar principalmente a trabajadores, residentes y otros usuarios, según sus características y condiciones de acceso.

La incorporación de actuaciones de naturalización requiere considerar, además, las expectativas de quienes utilizan estos espacios. La transformación de un césped ornamental en una pradera, por ejemplo, puede modificar su apariencia y generar necesidades de información, sensibilización y participación.

Por tanto, la mejora de la biodiversidad no debería plantearse aisladamente, sino atendiendo también a las necesidades de uso, seguridad, accesibilidad y bienestar de los diferentes grupos de interés. Esta perspectiva permite explorar mecanismos de participación y generación de valor colectivo coherentes con los principios de la ESS.

Desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS), la oportunidad de innovación no se limita a mejorar las condiciones ambientales de los espacios verdes, sino que también plantea cómo se toman las decisiones, qué agentes participan en ellas y cómo se distribuye el valor generado. La Carta de Principios de la Economía Solidaria (REAS Red de Redes, 2022) establece seis principios orientadores: equidad, trabajo digno, cooperación, sostenibilidad ecológica, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno. Estos principios permiten ampliar el análisis de la iniciativa más allá de sus resultados ambientales, incorporando la calidad de las relaciones laborales, la participación y los beneficios generados para la comunidad.

En una empresa convencional de mantenimiento, este enfoque permitiría explorar mecanismos de participación efectiva de las personas trabajadoras y usuarias, colaboración con entidades del territorio y criterios de generación y distribución de valor social. Como explica Huerta Molina (2022), la participación y la cooperación constituyen elementos relevantes de la economía social y cooperativa. No obstante, incorporar determinadas prácticas inspiradas en la ESS no supone transformar automáticamente la naturaleza de la empresa ni garantizar el cumplimiento de todos sus principios. La viabilidad y el alcance de estos mecanismos deberán analizarse en las siguientes fases del proyecto.

1.2.4. La influencia de las prácticas de mantenimiento

Las labores de mantenimiento pueden modificar las condiciones ecológicas de los espacios verdes. La frecuencia de siega, las podas, la gestión de la vegetación y el uso de determinados productos fitosanitarios influyen en la estructura de los hábitats y en los recursos disponibles para la fauna.

Hu y Lima (2024), en una revisión sistemática de 67 publicaciones científicas, identificaron una asociación negativa recurrente entre la intensidad de siega y diversos indicadores de diversidad vegetal. En los invertebrados, los resultados fueron más heterogéneos, con diferencias según los grupos estudiados y las características de las intervenciones.

Estas evidencias sugieren que determinadas modificaciones del mantenimiento pueden favorecer la biodiversidad, pero no permiten recomendar soluciones uniformes. Reducir la frecuencia de siega, por ejemplo, no será necesariamente adecuado en todas las superficies ni producirá los mismos resultados en cualquier contexto.

Por ello, una gestión orientada a la biodiversidad debe partir de las características ecológicas y funcionales de cada espacio y de una selección técnicamente justificada de las actuaciones.

1.2.5. De las buenas prácticas ambientales a los resultados ecológicos medibles

La incorporación de criterios ambientales en los servicios de jardinería y mantenimiento de zonas verdes constituye una práctica cada vez más presente en determinadas propuestas de gestión. Medidas como la optimización del riego, la utilización de especies adaptadas al clima o la gestión integrada de plagas permiten reducir el consumo de recursos y determinados impactos ambientales.

Sin embargo, aplicar buenas prácticas ambientales no equivale necesariamente a demostrar una mejora de la biodiversidad. Una intervención puede contribuir a una gestión más sostenible sin que ello implique, por sí solo, un aumento de la diversidad de especies o una mejora de la calidad ecológica del espacio.

La distinción entre sostenibilidad ambiental y mejora de la biodiversidad resulta fundamental para delimitar la oportunidad de innovación que se plantea en este trabajo. Como se representa en la Figura 2, avanzar hacia un mantenimiento orientado a la biodiversidad implica complementar las prácticas ambientales existentes con objetivos ecológicos específicos, actuaciones adaptadas a cada espacio y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados obtenidos.

Esta diferenciación entre gestión ambiental y mejora ecológica evaluable constituye el punto de partida para identificar posibles oportunidades de innovación en los servicios de mantenimiento de zonas verdes.

1.3. Delimitación de la necesidad y oportunidades en el sector

1.3.1. Necesidad sectorial identificada

La problemática analizada no implica que los servicios convencionales de jardinería sean necesariamente perjudiciales para la biodiversidad ni que carezcan de medidas ambientales.

La necesidad que se plantea investigar es cómo integrar de manera más sistemática objetivos ecológicos específicos en los servicios de mantenimiento y mejora de espacios verdes, así como evaluar su contribución a la biodiversidad. Esto incluye tanto la adaptación de las prácticas habituales como la posibilidad de incorporar actuaciones de renaturalización, recuperación de espacios degradados o creación de nuevas superficies vegetadas, siempre que resulten adecuadas a las características del entorno y compatibles con las condiciones funcionales y de seguridad de los espacios.

Este enfoque permite estudiar oportunidades de evolución de los servicios existentes, sin presuponer que todas las zonas verdes requieren las mismas intervenciones.

1.3.2. Oportunidades y limitaciones en espacios públicos y privados

Los espacios verdes públicos y privados comparten necesidades técnicas, pero presentan diferencias relevantes en sus objetivos, mecanismos de contratación y posibilidades de intervención.

En el ámbito público, las actuaciones deben responder a intereses colectivos y ajustarse a las condiciones contractuales, presupuestarias y técnicas establecidas por las administraciones. En el ámbito privado, las decisiones dependen principalmente de las prioridades de cada propiedad y de su valoración de los beneficios y costes de las intervenciones.

Estas diferencias justifican analizar ambos mercados de manera comparada, identificando las oportunidades y limitaciones que pueden condicionar una propuesta de mejora de la biodiversidad.

Tabla 1: Comparación de oportunidades y condicionantes para la mejora de la biodiversidad en espacios verdes públicos y privados. 

Dimensión	Espacios públicos	Espacios privados
Finalidad	Uso colectivo, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental.	Funcionalidad, seguridad, imagen y objetivos ambientales de la propiedad.
Decisiones	Administración y responsables técnicos, según los procedimientos y contratos aplicables.	Propiedad, gestores y responsables del servicio.
Oportunidades	Planes de biodiversidad y criterios ambientales en la contratación.	Proyectos piloto, actuaciones adaptadas y seguimiento específico.
Condicionantes	Presupuestos, pliegos, usos compartidos y procedimientos administrativos.	Costes, prioridades del cliente y necesidades operativas.
Participación	Ciudadanía, trabajadores, administración y entidades del territorio.	Trabajadores, usuarios, propiedad y posibles colaboradores.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis sectorial.

Esta comparación permite identificar diferentes condiciones para incorporar objetivos de biodiversidad en los servicios de mantenimiento. Para complementar este análisis, se examina a continuación una oferta técnica real, con el fin de observar cómo se integran actualmente los criterios ambientales en una propuesta de servicio.

1.3.3. Análisis exploratorio de una oferta técnica de mantenimiento

Como aproximación práctica, se ha analizado una oferta técnica anonimizada correspondiente al mantenimiento de zonas verdes de dos centros corporativos o industriales.

La propuesta incluye planificación de trabajos, gestión del riego, seguimiento fitosanitario y herramientas digitales de control operativo. También incorpora medidas ambientales, como ahorro de agua, gestión integrada de plagas y posibles sustituciones de césped por vegetación más diversa.

Sin embargo, en el documento analizado no se identifican objetivos específicos de biodiversidad ni un programa de seguimiento ecológico con indicadores definidos. Tampoco aparecen desarrolladas expresamente medidas dirigidas a polinizadores o refugios para fauna.

Esta observación se limita al contenido de la oferta. No demuestra que la empresa carezca de dichas capacidades ni permite generalizar sus características al conjunto del sector.

El caso resulta útil porque ilustra la diferencia entre incorporar prácticas ambientales y estructurar un servicio con objetivos ecológicos y resultados verificables.

1.3.4. Oportunidades de innovación e intraemprendimiento

A partir de la problemática identificada, se propone explorar una nueva línea de servicios orientada a la conservación y mejora de la biodiversidad en espacios verdes públicos y privados, que podría comprender el mantenimiento con criterios ecológicos, la renaturalización de espacios existentes y la creación de nuevas superficies vegetadas cuando resulte técnica y ambientalmente adecuado.

La iniciativa podría combinar actuaciones ecológicas adaptadas a cada espacio y sistemas de evaluación de resultados con un modelo de prestación del servicio que incorpore mecanismos de participación de los grupos de interés, colaboración con entidades del territorio y criterios de generación de valor social. Desde esta perspectiva, la innovación no se limitaría a los resultados ambientales, sino que también abarcaría las relaciones establecidas para diseñar y prestar los servicios. Este planteamiento se relaciona con la concepción de los grupos de interés como agentes interdependientes que participan en la creación de valor, desarrollada por Renau Cano (2026), así como con los principios de cooperación y compromiso con el entorno recogidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria (REAS Red de Redes, 2022).

El desarrollo de esta iniciativa mediante intraemprendimiento permitiría ampliar potencialmente la oferta de servicios dentro de una empresa existente, aprovechando parte de sus capacidades técnicas y organizativas. Sin embargo, integrar una perspectiva inspirada en la ESS exigiría analizar también cómo se definen las prioridades, quién participa en las decisiones y qué criterios orientan la generación y distribución del valor. Renau Cano (2026) distingue el enfoque empresarial convencional de los modelos de la ESS, en los que la gobernanza y la primacía de las personas adquieren una relevancia central. En el caso estudiado, no se propone modificar inicialmente la forma jurídica de la empresa, sino evaluar qué mecanismos participativos y de cooperación podrían incorporarse de manera efectiva a la nueva línea de servicios. Asimismo, determinadas actuaciones ecológicas podrían requerir formación especializada, nuevas competencias profesionales o colaboración con agentes externos, aspectos que deberán analizarse para definir su alcance operativo.

En cualquier caso, esta posibilidad constituye una hipótesis de innovación, no una oportunidad comercial demostrada. Las siguientes fases deberán analizar las soluciones actuales, las necesidades de los agentes implicados y las condiciones técnicas, económicas, organizativas y sociales necesarias para valorar su viabilidad.

2. Vinculación de la temática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

2.1. La Agenda 2030 y su relación con la actividad empresarial

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en 2015, establece un marco internacional de actuación integrado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que abordan de manera interrelacionada los principales desafíos económicos, sociales y ambientales. Su planteamiento reconoce que el desarrollo sostenible requiere actuar simultáneamente sobre estas dimensiones y promover la colaboración entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil (Naciones Unidas, 2015).

En el ámbito empresarial, los ODS ofrecen un marco de referencia para identificar los impactos de la actividad económica, revisar las prioridades organizativas y explorar oportunidades de generación de valor sostenible. Como plantean Cugueró-Escofet y Urarte Gómez (2020), la incorporación de los ODS en las empresas requiere considerar su relación con la estrategia y la gestión empresarial. Desde esta perspectiva, su utilidad no debería limitarse a asociar determinadas actividades con los objetivos de la Agenda 2030, sino que debería traducirse en decisiones y actuaciones coherentes con ellos.

Esta distinción resulta especialmente relevante para la iniciativa de intraemprendimiento analizada. El desarrollo de una línea de servicios orientada a la conservación y mejora de la biodiversidad en espacios verdes, que contemple actuaciones de mantenimiento ecológico, renaturalización y creación de nuevas superficies vegetadas, presenta una vinculación directa con determinados objetivos ambientales. Sin embargo, su contribución efectiva dependerá de las actuaciones que finalmente se implementen y de los resultados que puedan evaluarse.

Asimismo, la propuesta incorpora una dimensión social y organizativa inspirada en la Economía Social y Solidaria (ESS). Huerta Molina (2022) destaca la importancia de la participación, la cooperación y el arraigo territorial en las organizaciones de la economía social. Estos principios permiten ampliar el análisis de la sostenibilidad empresarial más allá de los resultados ambientales, incorporando cuestiones relacionadas con las personas, las relaciones de colaboración y el valor generado para la comunidad.

En esta misma línea, Renau Cano (2026) plantea que los principios y valores de la ESS deben orientar las prioridades y la toma de decisiones de las organizaciones. Aplicado al proyecto, este enfoque invita a explorar un modelo de prestación del servicio que combine objetivos ecológicos evaluables con mecanismos de participación de los trabajadores y otros grupos de interés, colaboración territorial y criterios de generación de valor social.

En consecuencia, la vinculación de la iniciativa con la Agenda 2030 se analizará desde una doble perspectiva: su posible contribución a la conservación y mejora de la biodiversidad y su capacidad para incorporar prácticas de gestión socialmente responsables y participativas. Este análisis permitirá identificar los ODS prioritarios, distinguir las contribuciones potenciales de los impactos demostrados y reconocer las limitaciones que deberán abordarse en el desarrollo posterior del proyecto.

2.2. ODS prioritarios para la iniciativa

Los servicios de conservación y mejora de la biodiversidad en espacios verdes presentan relaciones potenciales con distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para evitar una vinculación excesivamente amplia o meramente declarativa, este trabajo identifica dos objetivos prioritarios: el ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres, por su relación directa con la conservación de la biodiversidad, y el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, por su conexión con la calidad ambiental, la accesibilidad y la dimensión social de los espacios verdes.

Esta selección responde a la naturaleza de la iniciativa y permite analizar metas específicas, posibles actuaciones e indicadores de seguimiento, sin presuponer resultados que todavía no se han demostrado.

2.2.1. ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

El ODS 15 promueve la protección y recuperación de los ecosistemas terrestres, su utilización sostenible y la adopción de medidas frente a la pérdida de biodiversidad (Naciones Unidas, 2015). Su relación con la propuesta de intraemprendimiento es especialmente relevante, dado que la finalidad ambiental de la nueva línea de servicios consiste en incorporar objetivos explícitos de conservación y mejora ecológica a la gestión, el mantenimiento y la transformación de espacios verdes.

Entre las metas de este objetivo, destacan la 15.1, relacionada con la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce, y la 15.5, orientada a reducir la degradación de los hábitats naturales y frenar la pérdida de biodiversidad. Aunque ambas metas tienen un alcance superior al de los espacios verdes gestionados por una empresa de mantenimiento, proporcionan un marco para orientar actuaciones locales de conservación y mejora ecológica.

En este sentido, la iniciativa podría contemplar intervenciones como la diversificación de la vegetación, la incorporación de especies adecuadas a las condiciones ecológicas del lugar, la creación o mejora de pequeños hábitats para fauna, la recuperación de superficies urbanas degradadas y la adaptación de determinadas prácticas de siega o poda. La selección de estas medidas debería partir de un diagnóstico técnico y considerar las características ecológicas del emplazamiento, los usos del espacio, las condiciones de seguridad y las necesidades de mantenimiento.

No obstante, la ejecución de estas actuaciones no permitiría afirmar automáticamente que se ha producido una mejora de la biodiversidad. Para valorar su contribución sería necesario establecer una situación de referencia y seleccionar indicadores adecuados a cada intervención, como la evolución de la diversidad vegetal, la presencia de determinados grupos de fauna o las características de los hábitats gestionados.

Por tanto, la vinculación con el ODS 15 no se fundamenta únicamente en incorporar prácticas consideradas ambientalmente favorables, sino en explorar un modelo de prestación de servicios capaz de planificar, ejecutar y evaluar actuaciones orientadas a objetivos ecológicos concretos.

2.2.2. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El ODS 11 busca avanzar hacia ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Su relación con el proyecto se encuentra principalmente en la función ambiental y social de los espacios verdes, especialmente en entornos urbanos y periurbanos.

La meta más directamente relacionada es la 11.7, que plantea proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, prestando especial atención a colectivos que pueden encontrar mayores barreras de acceso (Naciones Unidas, 2015).

La propuesta de intraemprendimiento podría contribuir a esta meta mediante la mejora de las condiciones ambientales y de uso de espacios verdes existentes y, en determinados casos, mediante la creación de nuevas superficies vegetadas. No obstante, su relación con el acceso universal dependerá de la titularidad, las condiciones de acceso y el uso previsto de cada espacio. Por ello, las actuaciones orientadas a la biodiversidad deberían diseñarse de manera compatible con la accesibilidad, la seguridad y las necesidades de las personas usuarias, sin asumir que toda intervención en un espacio privado contribuye directamente a la meta 11.7.

Esta cuestión introduce una dimensión social que resulta especialmente importante desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria. Una intervención orientada a la biodiversidad puede modificar el aspecto o los usos habituales de un espacio verde. Por ejemplo, sustituir determinadas superficies de césped ornamental por vegetación de desarrollo más natural puede generar beneficios ecológicos potenciales, pero también dudas o resistencias entre las personas usuarias si no se explican sus objetivos.

Por ello, la iniciativa podría incorporar mecanismos de información, consulta y participación que permitan conocer las necesidades de los diferentes grupos de interés y tenerlas en cuenta durante el diseño y seguimiento de las actuaciones. Esta orientación conecta con los principios de participación, cooperación y compromiso con la comunidad que caracterizan a la economía social y cooperativa (Huerta Molina, 2022).

La iniciativa también presenta una vinculación potencial con la meta 11.6, orientada a reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades. Esta relación adquiere especial relevancia si se considera que los servicios de jardinería y mantenimiento pueden incorporar actuaciones de creación y transformación de espacios verdes, como la recuperación de superficies urbanas degradadas, la introducción de vegetación en zonas previamente desprovistas de ella o la plantación de arbolado. Cuando se diseñan de acuerdo con las condiciones ecológicas del lugar, estas intervenciones pueden contribuir a mejorar determinadas condiciones ambientales urbanas, como la cobertura vegetal, la regulación térmica local o la permeabilidad del suelo.

No obstante, los indicadores oficiales de la meta 11.6 se centran en la gestión de residuos y la calidad del aire, por lo que las mejoras anteriores deberían evaluarse mediante indicadores complementarios, como la superficie vegetada creada, la cobertura arbórea o la evolución de la temperatura superficial. Su contribución debe valorarse según la escala y las características de cada actuación, sin equiparar automáticamente una mejora ambiental local con una reducción demostrada del impacto ambiental de la ciudad en su conjunto (Naciones Unidas, 2015).

Los ODS 15 y 11 ofrecen dos perspectivas complementarias para orientar la iniciativa. Mientras que el primero permite definir objetivos relacionados con la conservación y mejora de la biodiversidad, el segundo sitúa las actuaciones en su contexto urbano y social, incorporando aspectos como la calidad ambiental, la accesibilidad y las necesidades de las personas usuarias. Su consideración conjunta resulta relevante para diseñar servicios que no solo persigan resultados ecológicos, sino que también respondan a las características y funciones de los espacios donde se desarrollan.

2.3. ODS complementarios: trabajo decente y alianzas para la sostenibilidad

Aunque la finalidad principal de la iniciativa se relaciona con la conservación y mejora de la biodiversidad, su desarrollo también plantea oportunidades de innovación social y organizativa. En este sentido, se identifican dos ODS complementarios: el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. Su incorporación permite analizar cómo se organiza la prestación del servicio, qué condiciones laborales se promueven y de qué manera pueden participar otros agentes en la generación de valor socioambiental.

2.3.1. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

El ODS 8 promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y el trabajo decente para todas las personas (Naciones Unidas, 2015). Su relación con la iniciativa de intraemprendimiento no se fundamenta únicamente en la posibilidad de ampliar la actividad empresarial, sino también en las condiciones laborales y organizativas bajo las que se desarrollaría la nueva línea de servicios.

Entre sus metas, resulta especialmente relevante la 8.5, orientada a alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, incluida la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Asimismo, la meta 8.8, centrada en la protección de los derechos laborales y la promoción de entornos de trabajo seguros, resulta pertinente para una actividad que puede implicar el uso de maquinaria, herramientas y otros equipos de jardinería.

También presenta una relación potencial la 8.4, que plantea mejorar progresivamente la eficiencia en el uso de los recursos y desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental. Esta última conexión debería analizarse a partir del consumo de materiales, agua y energía asociado a las intervenciones, sin asumir que una actuación favorable para la biodiversidad implica necesariamente una reducción de todos los impactos ambientales.

Desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, el proyecto permitiría explorar mecanismos que refuercen la participación de las personas trabajadoras en la definición y mejora de los servicios, así como oportunidades de formación y especialización en gestión ecológica de espacios verdes. La participación no debería limitarse a recoger opiniones de manera puntual, sino que podría articularse mediante procedimientos de consulta, espacios de propuesta y criterios transparentes para incorporar las aportaciones del personal a determinadas decisiones operativas.

Este planteamiento conecta con los valores de participación y centralidad de las personas presentes en la economía social y cooperativa (Huerta Molina, 2022). Asimismo, resulta coherente con el enfoque de Renau Cano (2026), que sitúa los principios de la ESS en la organización y la toma de decisiones, más allá de su formulación como compromisos generales.

No obstante, la contribución al ODS 8 no puede darse por demostrada por el mero hecho de crear una nueva actividad o impartir formación. Será necesario analizar las condiciones de contratación, la seguridad y salud laboral, la calidad del empleo, las oportunidades de desarrollo profesional y el grado efectivo de participación de las personas trabajadoras. Estos aspectos permitirían valorar si la innovación ambiental va acompañada de mejoras sociales y organizativas verificables.

2.3.2. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

El ODS 17 reconoce la importancia de la cooperación entre diferentes agentes para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En particular, la meta 17.17 promueve alianzas eficaces entre las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas (Naciones Unidas, 2015).

La nueva línea de servicios podría ofrecer oportunidades de colaboración con administraciones locales, entidades ambientales, organizaciones de la Economía Social y Solidaria, centros de conocimiento y otros agentes del territorio. Estas relaciones podrían contribuir a identificar necesidades, incorporar conocimientos especializados, diseñar actuaciones adaptadas a cada espacio y desarrollar mecanismos de seguimiento de los resultados ecológicos y sociales.

Desde la perspectiva de la ESS, la colaboración territorial adquiere especial relevancia cuando permite que los agentes implicados participen de manera significativa en la definición de los objetivos y en la generación de valor. Por ello, la iniciativa podría explorar fórmulas de cooperación que vayan más allá de la contratación puntual de proveedores, como el diseño compartido de determinadas intervenciones, la participación de entidades locales en proyectos específicos o la colaboración con organizaciones especializadas en educación ambiental y seguimiento de la biodiversidad (Huerta Molina, 2022; Renau Cano, 2026).

Sin embargo, no todas las relaciones comerciales constituyen alianzas en el sentido de la meta 17.17. Para valorar la contribución potencial de la iniciativa sería necesario examinar la existencia de objetivos compartidos, compromisos definidos, mecanismos de coordinación y resultados verificables. Estos elementos permitirían establecer indicadores propios del proyecto, diferenciados del indicador oficial de Naciones Unidas, referido a compromisos económicos destinados a alianzas público-privadas para infraestructuras. Asimismo, deberán considerarse las responsabilidades de cada participante, los recursos necesarios y la viabilidad de mantener estas relaciones en el tiempo.

De este modo, el ODS 17 permitiría analizar una dimensión relevante de la propuesta de intraemprendimiento: la posibilidad de desarrollar una nueva actividad empresarial mediante relaciones de cooperación que amplíen las capacidades de la empresa y favorezcan la participación de otros agentes en la creación de valor socioambiental.

2.4. Contribución potencial a los ODS: indicadores y limitaciones

La vinculación de la iniciativa con los ODS 15, 11, 8 y 17 permite identificar diferentes ámbitos de contribución potencial. Sin embargo, para valorar su aportación al desarrollo sostenible será necesario traducir estos objetivos generales en resultados esperados y mecanismos de seguimiento adaptados a la escala de los servicios propuestos.

Como señalan Cugueró-Escofet y Urarte Gómez (2020), la integración de los ODS en la actividad empresarial requiere relacionarlos con la estrategia y la gestión de las organizaciones. En el caso analizado, ello supone definir qué cambios ambientales, sociales y organizativos se pretende conseguir, cómo podrían medirse y qué recursos serían necesarios para realizar su seguimiento.

Los indicadores oficiales de Naciones Unidas permiten evaluar el progreso hacia las metas de la Agenda 2030, pero no siempre son directamente aplicables a una intervención empresarial de escala local. Por este motivo, se propone una selección preliminar de indicadores propios del proyecto, vinculados temáticamente con las metas identificadas y sujetos a revisión durante el desarrollo del Plan de Empresa Sostenible.

Tabla 2. Propuesta preliminar de indicadores de seguimiento

Fuente: elaboración propia a partir de las metas de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015). Los indicadores presentados son propuestas preliminares de seguimiento de la iniciativa y no corresponden a los indicadores oficiales de Naciones Unidas.

2.4.1. Alcance y limitaciones de la evaluación

La selección de indicadores deberá ajustarse a las características de cada intervención. En materia de biodiversidad, por ejemplo, el incremento de la superficie vegetada o el número de árboles plantados constituyen medidas de actividad, pero no demuestran por sí solos una mejora ecológica. Para evaluar resultados será necesario considerar aspectos como la supervivencia de las plantaciones, la evolución de los hábitats y los cambios observados en determinados grupos de especies, siempre que existan condiciones técnicas para realizar un seguimiento adecuado.

Del mismo modo, la dimensión social no debería evaluarse exclusivamente mediante el número de actividades participativas o de entidades colaboradoras. Desde la perspectiva de la ESS, será importante analizar si los mecanismos establecidos permiten una participación significativa en las decisiones, favorecen unas condiciones laborales adecuadas y generan relaciones de cooperación con beneficios identificables para los agentes implicados (Huerta Molina, 2022; Renau Cano, 2026).

La evaluación también presenta limitaciones metodológicas. Los cambios ecológicos pueden requerir periodos de observación prolongados y verse afectados por factores externos, como las condiciones meteorológicas, las características del entorno o las intervenciones realizadas por otros agentes. Asimismo, algunas mediciones pueden exigir conocimientos especializados, recursos económicos y procedimientos de seguimiento que todavía no se han definido. Por ello, deberán priorizarse indicadores proporcionados a la escala y los recursos de cada actuación, estableciendo una situación inicial de referencia siempre que resulte posible.

Finalmente, la Agenda 2030 constituye el marco temporal vigente de los ODS, pero la continuidad de los servicios y de sus efectos ambientales y sociales puede extenderse más allá de ese horizonte. En consecuencia, la propuesta debería plantear objetivos y sistemas de seguimiento que permitan valorar su evolución a medio y largo plazo, sin depender exclusivamente del calendario internacional.

En esta fase, la contribución de la iniciativa a los ODS debe entenderse como una hipótesis razonada de generación de valor socioambiental. Su alcance real dependerá de la definición del modelo de servicio, la participación de los agentes implicados, la disponibilidad de recursos y los resultados obtenidos. Estos elementos deberán analizarse en las siguientes fases del proyecto para determinar si la propuesta puede convertirse en una iniciativa de intraemprendimiento viable y coherente con los principios de la Economía Social y Solidaria.

3. Análisis del mercado social y del mercado capitalista

3.1. Alcance y criterios del análisis

Este capítulo examina cómo se responde actualmente a las necesidades de mantenimiento y mejora de la biodiversidad en espacios verdes públicos y privados, considerando soluciones presentes tanto en el mercado capitalista como en el mercado social. El análisis se centra en Cataluña, con especial atención al entorno de Barcelona, y comprende servicios de mantenimiento ecológico, mejora y renaturalización de espacios existentes y creación de nuevas superficies vegetadas.

La distinción entre mercado capitalista y mercado social requiere diferenciar la naturaleza de las organizaciones de los circuitos económicos en los que participan. Renau Cano (2026) explica que las entidades de la ESS pueden ofrecer bienes y servicios en el mercado capitalista, mientras que el mercado social articula flujos económicos y de satisfacción de necesidades bajo criterios y valores de la ESS. Asimismo, distingue las prácticas comunitarias, que resuelven necesidades colectivamente mediante autogestión y fuera del intercambio mercantil. Por ello, el análisis considerará tanto las características de los operadores como las relaciones mediante las que se prestan los servicios, sin equiparar automáticamente la pertenencia a la ESS con la participación en el mercado social.

Se seleccionan casos por su pertinencia territorial, la relación de sus servicios con la iniciativa y la disponibilidad de información contrastable. La selección incluye empresas convencionales de mantenimiento y jardinería, operadores especializados en gestión ecológica y renaturalización y entidades de la Economía Social y Solidaria con actividad relacionada. Se trata de una aproximación exploratoria, orientada a identificar respuestas relevantes y aprendizajes para el proyecto, sin pretensión de representar exhaustivamente el sector.

Los casos se comparan atendiendo al alcance de los servicios, los clientes a los que se dirigen, las actuaciones de biodiversidad y sus mecanismos de seguimiento, las prácticas laborales y de participación y las relaciones de cooperación territorial. Se distingue entre servicios anunciados, actuaciones documentadas y resultados evaluados. Cuando la información disponible no permite valorar una dimensión, se señala esta limitación, sin interpretar la falta de información pública como ausencia de la práctica.

El análisis permite identificar competidores potenciales, capacidades complementarias y posibles colaboradores. A partir de esta comparación se valoran oportunidades y condicionantes para la nueva línea de servicios, manteniendo como hipótesis su posible diferenciación. El estudio de los intereses, las expectativas y las relaciones de poder de los agentes implicados se desarrollará en el capítulo siguiente mediante la MGIDI.

3.2. Soluciones actuales y competencia potencial: empresas convencionales y entidades de la ESS

Las necesidades de mantenimiento y mejora de espacios verdes reciben actualmente respuestas de empresas de servicios integrales, operadores especializados en restauración y naturalización y entidades con finalidad sociolaboral. Estas organizaciones pueden coincidir en servicios y clientes, aunque difieran en sus objetivos, formas de organización y relaciones con el territorio.

Para interpretar esta diversidad es necesario distinguir la naturaleza de las organizaciones de los circuitos económicos en los que participan. Renau Cano (2026) explica que las entidades de la Economía Social y Solidaria también pueden ofrecer sus servicios en el mercado capitalista. Por ello, considerar una entidad como competidor potencial no implica clasificarla como empresa capitalista ni determina que sus intercambios formen parte del mercado social.

Se seleccionan cuatro casos por su correspondencia con diferentes componentes de la iniciativa: mantenimiento continuado, mejora ecológica, naturalización, creación de superficies vegetadas e inclusión sociolaboral. La selección es exploratoria y combina información sobre la oferta con documentación de servicios y actuaciones concretas.

3.2.1. Lectura crítica de las soluciones existentes

La comparación muestra que los componentes técnicos de la iniciativa cuentan con respuestas en el sector. Ambitec–Sorigué incorpora actuaciones de naturalización y creación de infraestructura verde; Talher combina mantenimiento con capacidades forestales y educativas; y Naturalea aporta especialización y evaluación de intervenciones. En consecuencia, el proyecto no debería fundamentarse en una supuesta ausencia de soluciones ambientales.

También existen respuestas sociales y participativas. Trinijove vincula su actividad con la inserción sociolaboral, mientras que Talher documenta mecanismos de participación ambiental del personal en un servicio concreto. Estos casos aconsejan evitar una separación simplificada entre empresas convencionales que aportan capacidades técnicas y entidades sociales que aportan valor social.

No obstante, las evidencias tienen alcances diferentes. Un compromiso de naturalización no demuestra que se hayan alcanzado resultados ecológicos; una herramienta digital de control de trabajos no equivale a un seguimiento de biodiversidad; y un protocolo de participación no permite determinar por sí solo cuánto influyen las aportaciones del personal en las decisiones. Del mismo modo, los resultados generales de inserción de una entidad no pueden atribuirse automáticamente a su actividad de jardinería.

Estas diferencias no deben interpretarse como carencias demostradas de los operadores, sino como límites de la información disponible y cuestiones relevantes para profundizar en el análisis. Permiten identificar qué aspectos necesitaría definir y documentar la nueva línea de servicios.

3.2.2. Competencia, complementariedad y cooperación

La relación con los operadores analizados dependerá del alcance de cada encargo. Las empresas de mantenimiento integral pueden competir por contratos continuados; los especialistas en restauración pueden coincidir en actuaciones concretas o complementar capacidades técnicas; y las entidades de inserción pueden prestar servicios similares o participar en proyectos compartidos.

Desde la perspectiva de la ESS, esta diversidad invita a analizar tanto la competencia como las posibilidades de cooperación. Una colaboración requeriría objetivos compartidos, responsabilidades y condiciones económicas acordadas, así como reconocimiento de las aportaciones de cada participante. Contratar puntualmente a una entidad social no bastaría, por sí solo, para acreditar una relación de cooperación solidaria.

La hipótesis que se plantea explorar es una prestación continuada que conecte diagnóstico, objetivos ecológicos adaptados y seguimiento proporcionado con participación efectiva del personal y cooperación territorial. Su posible diferenciación no radicaría en presentar estos elementos como inéditos, sino en cómo se integran y funcionan en un servicio concreto. La demanda, la viabilidad y el alcance de estos compromisos deberán contrastarse durante el desarrollo del Plan de Empresa Sostenible.

3.3. Mercado social, cooperación y respuestas comunitarias

La respuesta a la problemática también comprende redes de economía solidaria y experiencias de gestión comunitaria que movilizan recursos y conocimientos para cuidar los espacios verdes. Su función puede ser complementaria a la prestación profesional, sin que todas estas iniciativas constituyan competidores comerciales.

3.3.1. Redes de economía solidaria y evaluación de prácticas

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) constituye una referencia para estudiar la articulación del mercado social en Cataluña. Su informe de 2022 utiliza información de Pam a Pam y del Balanç Social para analizar las prácticas de las organizaciones y el funcionamiento del ecosistema (Xarxa d’Economia Solidària, 2022).

Estas herramientas permiten ampliar los criterios de selección de colaboradores: además de especialización y proximidad, pueden examinarse participación, transparencia, calidad del trabajo y cooperación. También aportan referencias para formular preguntas de evaluación, sin atribuir a la nueva línea una acreditación ni asumir su pertenencia al mercado social.

Este planteamiento conecta con la Carta de Principios de la Economía Solidaria, que orienta las organizaciones y sus relaciones mediante la equidad, el trabajo digno, la sostenibilidad ecológica, la cooperación, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno (REAS Red de Redes, 2022).

3.3.2. Innovación ambiental desde entidades con finalidad social

El proyecto de gestión sostenible y biodiversidad de espacios verdes promovido por la Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria plantea evolucionar desde la jardinería tradicional hacia servicios de biodiversidad y naturalización, incluyendo actuaciones sobre espacios existentes y de nueva creación (Programa d’Economia Social, 2026).

La referencia muestra que la conexión entre finalidad social e innovación ambiental ya está siendo explorada. Refuerza la necesidad de precisar la aportación del proyecto sin presentar esa combinación como inédita. No obstante, la ficha describe objetivos previstos: no permite dar por demostrados sus resultados, su viabilidad comercial ni su participación en circuitos concretos de mercado social.

3.3.3. Gestión compartida del verde urbano

El programa «Mans al verd» de Barcelona promueve la implicación de ciudadanía, entidades y empresas en el cuidado del verde urbano. Incluye experiencias de gestión compartida y mantenimiento voluntario de alcorques. En marzo de 2026, el Ayuntamiento comunicó la asignación de 329 parcelas de huertos municipales a personas mayores y entidades sin ánimo de lucro (Ajuntament de Barcelona, 2026).

Estas experiencias permiten estudiar participación, aprendizaje y cuidado colectivo, aunque no equivalen a mantenimiento profesional ni acreditan por sí solas mejoras de biodiversidad. Tampoco la participación en un programa municipal demuestra pertenencia a la ESS.

Para la iniciativa, sugieren la posibilidad de combinar acompañamiento técnico y participación voluntaria en actuaciones delimitadas. Esta colaboración debería ser accesible y compatible con las responsabilidades profesionales, sin sustituir empleo remunerado ni trasladar obligaciones a la comunidad sin recursos suficientes.

3.3.4. Aprendizajes para el proyecto

Las redes solidarias, las entidades prestadoras y las iniciativas comunitarias cumplen funciones distintas. Su interés reside en identificar prácticas aplicables: evaluación social, cooperación, participación y vinculación territorial.

Incorporarlas a una empresa convencional exigiría reconocer las diferencias de recursos y poder, acordar responsabilidades y comprobar quién participa y quién se beneficia. La coherencia con la ESS dependerá de esas prácticas, no únicamente de la identidad de los colaboradores.

3.4. Oportunidades y condicionantes para la propuesta de intraemprendimiento

El análisis permite plantear oportunidades tanto en el ámbito privado como en el público. Su existencia no demuestra todavía la viabilidad de la iniciativa, pero fundamenta cuestiones que deberán investigarse en las siguientes fases del PES.

3.4.1. Posible evolución de las necesidades privadas

Los compromisos empresariales vinculados a la Agenda 2030 y las expectativas de clientes, financiadores y otros grupos de interés podrían favorecer actuaciones ambientales sobre instalaciones privadas.

La Comisión Europea (2025) reconoce las solicitudes de información sobre sostenibilidad que reciben las pymes de grandes empresas y entidades financieras. Este contexto permite formular una hipótesis de interés por servicios que conecten actuaciones y resultados documentados, pero no demuestra demanda de jardinería orientada a biodiversidad. Los ODS tampoco imponen su contratación.

Será necesario identificar clientes con espacios adecuados, necesidades reconocidas y disposición a destinar recursos, distinguiendo el interés general por la sostenibilidad de una decisión de compra.

3.4.2. Una base operativa para desarrollar el servicio

El análisis de la oferta técnica anonimizada presentado en el capítulo 1 identifica brigadas, planificación estacional, supervisión y herramientas digitales de registro. Estos elementos permiten estudiar el desarrollo de la iniciativa sobre capacidades existentes, previa comprobación de su disponibilidad.

La oferta contempla alternativas de renovación vegetal y mejoras sujetas a aprobación técnica. Existe, por tanto, un cauce documental para proponer intervenciones, aunque no acredita su aceptación ni incorporación contractual.

La diferencia entre el control operativo y los objetivos ambientales cuantificados no identificados justifica explorar cómo complementar el servicio. Para ello deberán definirse métodos, responsables, competencias y costes adicionales; disponer de una aplicación de gestión no garantiza su adecuación al seguimiento ecológico.

3.4.3. Oportunidades en la contratación pública

La contratación pública delimita las intervenciones, pero también puede incentivar propuestas ambientales mediante criterios de calidad y mejoras previstas en la licitación.

El informe de necesidades del mantenimiento de parques y jardines de Esparreguera de 2025 contempla formación ambiental dentro de la jornada, incluyendo biodiversidad, y medidas ambientales adicionales con indicadores de seguimiento. El expediente está reservado a centros especiales de empleo, por lo que sirve como referencia de criterios de demanda pública, sin constituir acceso directo para la empresa convencional (Ajuntament d’Esparreguera, 2025).

Como ejemplo complementario, el anuncio de creación de refugios climáticos en dos escuelas de La Llagosta contempla mejoras de naturalización superiores a las actuaciones básicas, con propuestas valoradas económicamente y puntuación definida. Se trata de obras, por lo que su aplicación al mantenimiento debe analizarse separadamente (Ajuntament de la Llagosta, 2025).

El artículo 145.7 de la Ley 9/2017 exige especificar las condiciones de las mejoras y vincularlas al objeto contractual. La oportunidad consiste, por tanto, en identificar licitaciones accesibles con margen para propuestas compatibles, distinguiendo las prestaciones adicionales de la valoración de la calidad técnica. Sus costes deberán quedar cubiertos por la oferta, sin asumir una remuneración adicional.

3.4.4. Integración de objetivos ecológicos y prácticas ESS

El mantenimiento continuado permite plantear diagnóstico inicial, objetivos adaptados, seguimiento y ajustes. Las actuaciones de renaturalización o creación de superficies vegetadas se incorporarían cuando resultaran justificadas y compatibles con el uso y la seguridad.

Los indicadores deberán ser proporcionados a los recursos y partir de una referencia inicial. Contabilizar plantaciones o superficie intervenida, registra actividad, pero no demuestra por sí solo mejora ecológica.

Desde la ESS, será igualmente necesario definir ámbitos efectivos de participación. Renau Cano (2026) destaca la gobernanza y las relaciones entre agentes, mientras que REAS Red de Redes (2022) orienta hacia trabajo digno, cooperación y compromiso territorial.

Estos referentes podrían concretarse en participación del personal en el diagnóstico, determinadas decisiones operativas y revisión de resultados, asignando tiempo y procedimientos de respuesta. Las colaboraciones externas requerirían acuerdos equilibrados sobre tareas, remuneración y beneficios.

3.4.5. Condicionantes y próximos pasos

La viabilidad deberá considerar conjuntamente personal, formación, materiales, seguimiento y coordinación. Reducir una labor no implica ahorro neto: otras pueden exigir más dedicación. También deberán atenderse la estacionalidad, la continuidad del servicio y las incidencias.

El respaldo empresarial será decisivo para concretar autonomía, recursos y compromisos participativos. Incorporar prácticas inspiradas en la ESS no transformaría automáticamente la naturaleza de la empresa.

Se plantea, en consecuencia, explorar una prestación que integre mejora ecológica evaluable, participación efectiva y cooperación territorial. Los siguientes pasos serán contrastar necesidades, delimitar un piloto y estimar recursos y costes. La MGIDI permitirá identificar expectativas y relaciones de poder que pueden facilitar o limitar su desarrollo.

4. Análisis de grupos de interés a través de la Matriz de Grupos de Interés Democrática e Inclusiva (MGIDI)

4.1. Enfoque y criterios de elaboración

La nueva línea de servicios afectaría a personas y organizaciones con expectativas, recursos y capacidades de decisión diferentes. Su análisis requiere considerar tanto a quienes autorizan o contratan la actividad como a quienes ejecutan los trabajos, utilizan los espacios o reciben sus efectos.

Renau Cano (2026) propone superar un análisis de grupos de interés basado exclusivamente en su influencia. La Matriz de Grupos de Interés Democrática e Inclusiva (MGIDI) incorpora tres dimensiones: poder, impacto y posibilidad de participación. Su finalidad es orientar la distribución del poder y facilitar la intervención de los colectivos más afectados, especialmente cuando encuentran barreras para participar.

En este proyecto, el poder se entiende como la capacidad de influir en decisiones, recursos y resultados. El impacto expresa cómo podría verse afectado cada agente por la nueva línea. La posibilidad de participación considera su interés y capacidad real para intervenir, atendiendo a factores como disponibilidad, acceso a información, apoyos y condiciones organizativas.

El poder y la posibilidad de participación se estiman a partir de la posición de los agentes en la organización y los servicios existentes; el impacto corresponde al desarrollo previsto de la iniciativa. Las categorías alta, media y baja son valoraciones cualitativas preliminares, no resultados de una medición. Se justifican mediante la autoridad sobre recursos y decisiones, los cambios previsibles en tareas o usos y las barreras para participar.

La matriz se apoya en el análisis sectorial y de la oferta técnica anonimizada. Los intereses atribuidos y las valoraciones deberán contrastarse mediante consultas y entrevistas una vez delimitado el servicio piloto. No representan opiniones recogidas directamente ni compromisos aceptados por la empresa, sus clientes o posibles colaboradores.

4.2. Matriz de grupos de interés

4.3. Relaciones de poder, tensiones y prioridades

La matriz identifica una concentración inicial de poder en dirección y clientes, por su autoridad para asignar recursos y aprobar actuaciones. Sin embargo, ese poder no implica necesariamente que reciban el mayor impacto. El personal directamente adscrito podría experimentar cambios importantes en tareas, competencias y organización con una influencia formal menor. Desde la lógica de la MGIDI, esta diferencia justifica reforzar su intervención.

La participación tampoco puede depender únicamente de la disponibilidad para asistir a reuniones. Los turnos, la dispersión de centros, las responsabilidades de cuidados o las barreras comunicativas pueden limitarla. Será necesario adaptar horarios y formatos, asignar tiempo dentro de la jornada y comprobar qué perfiles quedan fuera.

Entre las tensiones previsibles destacan las siguientes:

• Preferencias estéticas y objetivos ecológicos. Una modificación de siegas o vegetación puede entrar en conflicto con expectativas sobre apariencia, visibilidad o uso. Deberían acordarse zonas, criterios de aceptación y mecanismos de revisión, incorporando necesidades de usuarios y argumentos técnicos.
• Participación y presión operativa. El seguimiento y la deliberación pueden quedar relegados si se añaden a una planificación sin recursos. Su viabilidad requiere tiempo asignado y revisión de cargas, evitando que dependan de disponibilidad personal no remunerada.
• Exigencias empresariales y capacidad de los colaboradores. La empresa promotora podría disponer de mayor poder negociador que pequeñas entidades. Los acuerdos deberían evitar trasladarles costes, incertidumbre y coordinación sin remuneración o recursos suficientes.
• Resultados inmediatos y efectos a largo plazo. La satisfacción del cliente o el cumplimiento de trabajos no permiten valorar por sí solos la evolución ecológica. Será necesario considerar plazos de implantación, mantenimiento futuro y posibles efectos adversos.

Estas tensiones son hipótesis de análisis, no conflictos observados. Su identificación permite orientar las consultas posteriores y anticipar acuerdos necesarios.

En los espacios públicos o privados, los usuarios no constituyen un grupo homogéneo. Una consulta general puede dejar fuera a personas con barreras físicas, digitales, lingüísticas o de disponibilidad. Del mismo modo, las entidades colaboradoras no representan automáticamente todas las expectativas de sus trabajadores. La participación deberá combinar interlocución organizativa y espacios donde las personas afectadas puedan expresarse directamente.

4.4. Aplicación al desarrollo de la iniciativa

Huerta Molina (2022) identifica la participación, la cooperación y el arraigo territorial entre los elementos relevantes de la economía social y cooperativa. Estos referentes permiten orientar el proyecto, aunque su incorporación a una empresa convencional deberá reconocer los límites de su estructura de propiedad y decisión.

Como mecanismo inicial, podría estudiarse un equipo de seguimiento del piloto con presencia de personal de campo, responsables técnicos y dirección. El cliente y los colaboradores participarían en los asuntos correspondientes a sus responsabilidades. Para determinadas actuaciones, podrían incorporarse usuarios y entidades del territorio.

Antes de constituir este espacio sería necesario delimitar las decisiones abiertas a información, consulta, colaboración o acuerdo compartido. Por ejemplo, el personal podría intervenir en la planificación de observaciones y determinadas tareas, mientras que la aprobación presupuestaria y las obligaciones contractuales permanecerían en los órganos competentes. Si una propuesta no se acepta, debería comunicarse una respuesta justificada.

La participación requiere información comprensible, tiempo, accesibilidad y trazabilidad de las decisiones. Su evaluación podría considerar la diversidad de perfiles presentes, las barreras detectadas, las propuestas respondidas y los cambios introducidos. El número de reuniones sería insuficiente para determinar si existe influencia efectiva.

La matriz deberá revisarse al seleccionar el piloto y consultar a los agentes. Ese contraste permitirá ajustar los intereses atribuidos, los niveles de impacto y los mecanismos viables. Su función será orientar decisiones y valorar hasta dónde pueden incorporarse prácticas democráticas e inclusivas, sin asumir que su formulación transforma automáticamente la empresa en una entidad de la ESS.

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6. Declaración uso responsable IA

Para preparar este trabajo he utilizado ChatGPT, de OpenAI, como apoyo para estructurar el análisis, discutir la propuesta de intraemprendimiento, localizar y contrastar fuentes, elaborar y revisar borradores, comparar soluciones existentes y preparar el código HTML de las tablas. La intervención de la herramienta ha incluido propuestas de redacción sustantiva y no se ha limitado a la corrección lingüística. También se ha empleado IA generativa para elaborar recursos visuales iniciales. Las figuras definitivas se ha representado mediante código a partir de los datos identificados en la fuente, con apoyo de ChatGPT.

Las propuestas de la herramienta se han revisado durante la elaboración del trabajo y se han contrastado con los recursos de la asignatura y las fuentes citadas. Las interpretaciones sobre la demanda, la viabilidad del proyecto y las condiciones de participación se presentan como hipótesis cuando todavía no han sido comprobadas. La herramienta no se ha utilizado para simular entrevistas ni para presentar valoraciones de los grupos de interés como si se hubieran recogido de forma empírica. Asumo la responsabilidad sobre la selección de contenidos y la versión finalmente entregada.

Como ejemplos de instrucciones utilizadas, se incluyen los siguientes prompts literales: «Siguiendo la rubrica de coevaluación y todos los recursos que me han facilitado, cómo deberíamos estructurarlo?»; «porque no las analizamos un poco mejor antes de redactar ese punto?»; «quizás, al conocer esto se nos ocurre algo para diferenciarnos (dentro de la ESS)»; «verifica por favor la información con los recursos y la rubrica de coevaluación»; y «Puedes facilitarme el código para insertar las tablas siguiendo el formato?»